El ex presidente volvió a negarse a declarar en el proceso que le sigue el Ministerio Público por supuesto blanqueo de capitales. En el centro de la pesquisa se encuentran sus nexos con Lucky Games S.A.
Ernesto Pérez Balladares bajó de la camioneta color blanco último modelo. Con el rostro apretado, dio unos pasos y frenó en seco. Segundos después, descendió del vehículo su esposa Dora Boyd de Pérez Balladares.
Juntos recorrieron la poca distancia que separa la calle de la puerta principal del edificio Avesa, ubicado en la Vía España.
Antes de traspasar la entrada, Pérez Balladares miró para todos lados y se abrochó el saco de color azul. Ya en ese momento lo escoltaban sus dos guardaespaldas.
–Buenos días, buenos días... dijo, sin detenerse.
Enseguida ingresó al edificio, sede de la Fiscalía Especial contra la Delincuencia Organizada.
El reloj marcaba las 8:05 de la mañana.
Pérez Balladares llegó así a la fiscalía a cargo de José Ayú Prado un día antes de la cita original, programada para hoy. El cambio de día, coordinado con el fiscal al menos 24 horas antes, le evitó al ex presidente enfrentarse con los medios de comunicación.
Media hora antes de su llegada, Pérez Balladares envió una avanzada al despacho de Ayú Prado. A las 7:35 a.m. ingresaron al edificio Avesa su abogado Carlos Carrillo junto con Omar Solano, otro defensor del ex mandatario. Posteriormente apareció Guillermina McDonald y, por último, Rogelio Cruz.
Los abogados, según fuentes judiciales, ingresaron antes para confirmarle al fiscal que en los próximos minutos su defendido estaría ingresando a su despacho –tal como se había coordinado con sigilo– para ampliar su declaración indagatoria, que comenzó el pasado 29 de diciembre. Ese día, el fiscal le formuló cargos a Pérez Balladares por supuesto blanqueo de capitales, producto de actos de corrupción y lo citó para que ampliara su indagatoria, que al final se adelantó 24 horas.
Ya con sus abogados esperándolo, Pérez Balladares llegó a la fiscalía y subió al quinto piso.
La diligencia comenzó a las 8:25 a.m. Según fuentes judiciales, en el pequeño despacho de Ayú Prado, el ex presidente le comunicó al fiscal que nuevamente se negaría a declarar sobre los cargos que se le imputan, hasta tanto la Corte Suprema de Justicia resolviera los recursos que presentó su defensa.
En ese momento, su abogada McDonald intervino para traducir en “lenguaje jurídico” las palabras de Pérez Balladares y citó varios artículos del Código Judicial.
Tras las palabras de McDonald, el fiscal dio por terminada la diligencia. Sin embargo –agregaron fuentes judiciales–, Ayú Prado le comunicó a Pérez Balladares y a su abogada que aún no se podían retirar.
Durante 20 minutos, el político del Partido Revolucionario Democrático y primer presidente elegido por el voto popular tras la invasión en 1989, estuvo sentado en la pequeña oficina a la espera de la nueva intervención del fiscal.
Transcurrido ese tiempo, volvió Ayú Prado. Y, sin mediar explicación, le comunicó las medidas cautelares que adoptó en su contra: casa por cárcel e impedimento para salir del país. Eran alrededor de las 9:20 a.m.
Luego, el fiscal le leyó los artículos del Código Judicial en que se basó para tomar la decisión, y sus derechos constitucionales. Según fuentes judiciales, Pérez Balladares se molestó al escuchar la noticia de que deberá permanecer en su casa, sin siquiera salir a la acera. A su disgusto se sumó su abogada McDonald, que protestó en forma airada la medida cautelar dictada por el Ministerio Público contra su cliente.
Sin embargo, la suerte estaba echada. Ayú Prado coordinó el traslado del ex presidente a su vivienda, ubicada en la calle República de la India número 18, en la exclusiva zona de Altos del Golf. En ese domicilio fijó su residencia Pérez Balladares para cumplir la medida cautelar.
Desde el despacho del fiscal –añadieron las fuentes– se decidió transportar a su domicilio al ex jefe de Estado en un vehículo marca Nissan, propiedad del Ministerio Público. Acompañaron en el vehículo a Pérez Balladares dos miembros de esa dependencia.
Detrás, y a pocos metros, otro carro los seguía con un subcomisionado y un subteniente de la Policía Nacional. Y, un poco más alejados, tres automóviles de la seguridad privada del ex mandatario.
Pérez Balladares iba hacia su nueva cárcel.
PRIMERAS PALABRAS
“Tomamos la decisión de adoptar ciertas medidas cautelares para la salud procesal del expediente, entre ellas el impedimento de salida del territorio nacional y la obligación de Pérez Balladares de mantenerse recluido en su casa”, dijo Ayú Prado durante una rueda de prensa que celebró tras dictarle la medida cautelar al político.
El fiscal destacó que al momento de dictar la medida cautelar, tomó en consideración la edad de Pérez Balladares: 62 años.
Los encargados de velar que el ex presidente cumpla el arresto domiciliario –dijeron fuentes judiciales– serán los agentes del Sistema de Protección Institucional (SPI) que lo custodian, derecho del que goza en su calidad de ex jefe de Estado.
Para evitar que Pérez Balladares salga del país –en el caso de evadir a sus custodios del SPI, fuerza que depende del Ejecutivo– el fiscal notificó del impedimento de salida al Servicio Nacional de Migración.
Ayú Prado dijo que Pérez Balladares está en todo su derecho de no rendir declaración sobre los delitos que se le imputan, pero ante el escenario de “no dar su versión, no explicar ni hacer sus descargos, la fiscalía decidió aplicar medidas cautelares”.
El fiscal añadió, por otro lado, que “nada de esto está todavía escrito en piedra, puede ser perfectamente modificado [el arresto domiciliario] por el órgano jurisdiccional [Corte Suprema de Justicia] o por el Ministerio Público”.
“Estamos actuando con independencia y autonomía”, afirmó el fiscal. Y añadió que no hubo injerencia ni presión por parte de la procuradora general de la Nación, Ana Matilde Gómez, ni por parte del Ejecutivo.
